
El cierre de 2025 dejó un balance fiscal marcado por fuertes recortes en áreas clave del gasto público, que permitieron al Gobierno nacional sostener el superávit primario en un contexto de presión creciente sobre las cuentas previsionales. Informes privados coinciden en que la estrategia basada en ajustes selectivos comienza a mostrar límites y que, hacia adelante, el énfasis debería desplazarse hacia el fortalecimiento de los ingresos del Estado.
Durante 2025, la política fiscal del Gobierno nacional se apoyó en una reducción significativa de partidas consideradas ajustables para compensar el aumento sostenido del gasto previsional. De acuerdo con un relevamiento de la consultora Analytica elaborado a partir de datos oficiales, el gasto público total se mantuvo prácticamente estable respecto de 2024, luego de un año previo en el que se había registrado una contracción cercana al 30%.
La estabilidad global del gasto respondió, en gran medida, al comportamiento de las jubilaciones y pensiones, uno de los rubros de mayor peso presupuestario. Tras un ajuste inicial, a partir de abril de 2024 comenzó a regir un mecanismo de actualización automática atado a la inflación, lo que consolidó un esquema de erogaciones que no mostró retrocesos en términos reales durante 2025. Según Analytica, el gasto previsional creció un 11,4% real a lo largo del año.

Ese incremento obligó al Ministerio de Economía a profundizar recortes en otras áreas. El informe señala que los subsidios económicos se redujeron un 35,4%, mientras que la inversión en obra pública cayó un 46%, luego de haber sufrido ya una baja significativa en 2024. También se registraron recortes en programas sociales distintos de la Asignación Universal por Hijo y una disminución del 9,1% en el gasto destinado a salarios del sector público.
Hacia 2026, el escenario aparece más restrictivo. Analytica advierte que las posibilidades de continuar reduciendo esas partidas son menores, mientras que el gasto previsional mantendría su nivel real. En ese marco, el economista Claudio Caprarulo señaló que el ajuste del gasto comienza a encontrar un límite operativo y que el cumplimiento de las metas fiscales requerirá una mejora en la recaudación tributaria, asociada a una mayor formalización laboral y a la expansión de la actividad económica, de acuerdo a declaraciones al diario Clarín.
Un diagnóstico similar fue planteado por la consultora Vectorial en su informe de cierre de 2025. Allí se remarca que el margen para seguir reduciendo el gasto sin afectar la provisión de servicios públicos esenciales es acotado. El estudio destaca que el Gobierno logró sostener el superávit fiscal pese a una recaudación debilitada, aunque subraya que ese resultado se alcanzó con una caída pronunciada de la inversión pública y del gasto social.

Según Vectorial, el Ministerio de Economía deberá avanzar en una nueva etapa de medidas fiscales orientadas a equilibrar la sostenibilidad de las cuentas públicas con la preservación de niveles básicos de inversión y protección social. En ese contexto, advierte que una nueva ronda de recortes tendría un alcance limitado.
En términos de resultados, el superávit primario estimado para 2025 superaría el compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo vigente fijaba un piso equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno, mientras que las proyecciones lo ubican en torno al 1,5% del PBI, cifra cercana al objetivo oficial de 1,6% planteado por el propio Poder Ejecutivo.
Este desempeño fiscal será uno de los ejes de discusión en las próximas revisiones con el FMI. En la versión inicial del programa, el Gobierno se había comprometido a un ajuste mayor para 2026, de hasta 2,2% del PBI, aunque el Presupuesto redujo esa meta a 1,5%. Las negociaciones previstas para las próximas semanas deberán definir un punto de convergencia entre ambas referencias.